Jimaní, prov. Independencia, 27 de junio de
2015.- La oficina del Plan de Regularización de la provincia
Independencia abrió ayer sus puertas pero no cuenta con los equipos necesarios
para poder orientar, ayudar, asesorar o recoger los documentos a las personas
migrantes. En una maniobra para confundir y engañar a la opinión pública
nacional e internacional el Ministerio de Interior y Policía ha pedido a los
trabajadores de esta oficina, que estaban nombrados desde hace un año y
cobrando desde hace varios meses pero no habían trabajado ni un solo día, que
abran las oficinas, cumplan un horario de trabajo pero no atiendan a ninguna
persona que se acerque a ellas.
Como pudieron ser testigos
varios medios de comunicación, ong´s y algunas iglesias, ayer 173 personas
hicieron presencia ante la oficina del Plan de Regularización en Jimaní para
recibir asesoramiento por parte de los trabajadores nombrados por el Ministerio
de Interior y Policía. La sorpresa fue que ninguna de las personas migrantes
que acudieron a la oficina, pese a estar las puertas abiertas de la misma y el
personal sentado en sus escritorios de trabajo, fue atendida. Los migrantes
permanecieron desde las 8.30 am hasta las 12 del mediodía en los exteriores de
la oficina esperando una respuesta de las autoridades, respuesta que nunca
llego. Al ser preguntados porque abrían las puertas de la oficina del Plan de
regularización después de más de un año cerrada, los trabajadores del
Ministerio de Interior y Policía nos respondieron que les habían dado orden de
abrir la oficina pero no les habían autorizado para atender a las personas que
se acercaran a la misma o recoger los documentos de los extranjeros que quieren
completar su expediente, ya que no tienen los equipos adecuados ni las
competencias para orientar a la población. Todos estos incidentes fueron
grabados por cámaras de televisión y recogidos en un acto notarial para poder
realizar la denuncia pública de las trabas administrativas que sufren los
migrantes y la descoordinación entre las diferentes instituciones
gubernamentales.
De
igual manera los responsables del Plan de Regularización en Santo Domingo han
pedido a los trabajadores de las oficinas de Barahona y San Juan de la Maguana
que no dejen depositar los documentos para completar sus expedientes a las
personas que realizaron su inscripción con el acta de nacimiento de Haití, y de
aceptarles los documentos han dado orden de no remitirlos al Ministerio de
Interior y Policía. De ser cierta esta decisión tomada por el Viceministro Luis
Manuel Fernández Valerio y el Director del Plan Nacional de Regularización,
Samir Santos, se estaría condenando a la indocumentación a más de 78,000
personas en todo el país de las 288,460 inscripciones que se realizaron. Con
esta medida, el veintisiete por ciento de las personas inscritas después de
haber gastado una media de 12,000 pesos en el proceso y acudir unas 5 veces a
una oficina del Plan de regularización no podrían optar por un estatus
migratorio legal.
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