Desde
principio de este año dos mil quince se ha iniciado desde la 3º brigada del
ejercito nacional, con sede en San Juan de la Maguana, desde la 5º brigada del
Ejercito Nacional, con sede en Barahona, y por parte de la Dirección General de
Migración, una
persecución en contra de las personas extranjeras, fundamentalmente de
nacionalidad haitiana, que trabajan y
viven en la zona sur desde hace muchos años. Ayer mismo, el ejercito nacional
práctico redadas en los municipios de Neyba, Barahona y Jimaní deteniendo, para
posteriormente llevar a la frontera, a 57 personas de nacionalidad haitiana que
simplemente salían de sus trabajos o se encontraban paseando por la calle
cuando el camión del ejercito paso por delante de ellos. Esta práctica de
nuestras autoridades esta imposibilitando el acceso al Plan Nacional de Regularización
a miles de personas, hace pocos días el ejercito nacional comentaba haber
repatriado a 40,000 personas en tan solo 70 días, que podrían cumplir con los
procedimientos migratorios y con ello acceder a un estatus regular que impida la
vulneración de sus derechos fundamentales.
El objetivo del gobierno de Danilo Medina
cuando formulo el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros era que los
indocumentados que tienen muchos años en el país dejaran de vivir bajo la
amenaza de una deportación que les separe de su familia y les obligue a
regresar a su país. Para ello, las personas sin documentos debían de cumplir
determinados requisitos como la ausencia de antecedentes penales, más de tres
años viviendo en República Dominicana, vínculos con la sociedad y demostrar sus
condiciones laborales. Después de demostrar
todo lo anterior podrían acceder al Plan de regularización y trabajar de
manera legal. Con la repatriación de ayer, donde había mujeres comerciantes, niños
escolarizados y hombres que estaban trabajando cuando se produjo su detención,
se demuestra claramente la inequívoca voluntad por parte del Ejercito Nacional
y la Dirección General de Migración de no cumplir con la normativa migratoria
actual.
Como
instituciones comprometidas con la justicia social, estamos
conscientes de la soberanía de República Dominicana encaminada a controlar los
flujos migratorios y buscar mecanismos para dicho control, pero estos
mecanismos no pueden estar al margen de los derechos fundamentales de los y las
migrantes, no deben estar al margen de los acuerdos internaciones firmados y
ratificados por el Estado Dominicano, ni tampoco violar la Constitución, el
Código Procesal Penal, el reglamento de la ley de migración, el decreto 327-13
de regularización de extranjeros y el respeto a la dignidad humana.
Es por todo lo
expuesto anteriormente que diversas organizaciones
de base comunitaria, iglesias, y ONG´s hacemos un llamado al Ejercito
Nacional y a la Dirección General de Migración para que, si
realmente estamos como sociedad decididos a construir un Estado de derecho fundamentado en
el art. 8 de la Constitución Dominicana, se suspendan las redadas y persecuciones arbitrarias
a las personas extranjeras susceptibles de optar al Plan Nacional de Regularización, se atiendan las
garantías al debido proceso en todos los procedimientos, se incremente la vigilancia
contra las redes de tráfico y trata de seres humanos en la frontera y haya una
protección efectiva de los derechos de las personas.
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